Según el grupo, los proyectos mineros se han impuesto en el país en contraposición con los intereses y aspiraciones de desarrollo de las comunidades rurales que habitan los territorios, dejando “irreversibles” afectaciones en ecosistemas, cuencas, orografía, clima, suelos, sistemas económico-culturales y derechos. La Ley Minera vigente fue decretada en 1992, en paralelo al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y permite que capitales