La atmósfera de la revolución alentó el descontento entre los trabajadores mineros, lo que provocó el estallido de huelgas en junio de 1911. Durante el porfiriato, la minería era considerada el principal factor de riqueza pública. Tanto que las redes de ferrocarriles se construyeron y desarrollaron en función a la extracción de minerales preciosos en la región norte del país como Chihuahua, Sonora, Durango, el sur de Coahuila y de Zacatecas, que le dio el carácter decisivo en los levantamientos

La industria minera proporcionó dinero, abastecimiento y apoyo a las fuerzas revolucionarias. Pero, sobre todo salió mucha tropa, alguna atraída por los salarios que pagaban las fuerzas revolucionarias y hasta algunos jefes destacados como Esteban Baca Calderón y Manuel M. Diéguez, antiguos empleados de la Cananea Copper Company.

El principio revolucionario de que los recursos del país eran para los mexicanos entró en la Constitución de 1917, cuyo artículo 27 estableció que todos los derechos sobre el subsuelo pertenecían al Estado y los recursos naturales se utilizarían para beneficio del pueblo. Este antecedente es el que establece hoy en día que los minerales in situ son siempre del dominio directo de la Nación y sólo dan lugar a derechos personales a través de las concesiones que pueden ser revocadas o concluir al término de su vigencia.

Las concesiones permiten a la Federación gravar y obtener las contribuciones derivadas de la actividad minera, siendo esta la manera en la que el Estado recibe la mayor parte de ingresos derivado de dicha actividad, asegurando de esta forma que la riqueza mineral de la Nación no permanezca ociosa, y al no ser posible para el Estado, ni estar en la naturaleza del mismo llevar a cabo actividad industrial o económica alguna, sea explotada por los particulares, asumiendo estos los elevados costos que implica la exploración y explotación de los minerales, asegurando al Estado una recaudación que, sólo en 2019, fue del orden de 43,095 millones de pesos.

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